Posteado por: borderpress | abril 4, 2007

Deportación de residentes: el otro rostro de la ley/Rodolfo Guajardo González

El Paso,Texas- Ya pasa de mediodía. Es domingo. La mayoría de los vecinos de esta colonia ubicada al surponiente de Ciudad Juárez está descansando. Del interior de las casas, se alcanzan a escuchar los gritos desesperados de aficionados al fútbol soccer, mezclados con las voces de cronistas deportivos de televisión. ¡Tamales, tamales, son de rojo, son de verde!, son de dulce, tamales, tamales!, invita la voz grabada de una niña, que sale de la bocina que se encuentra encima de la parte delantera de un pequeño auto color azul, de carrocería maltratada, que va pasando por ahí.

El ocio de los vecinos es aprovechado por Beto, como lo conoce la gente del barrio, quien acompañado de su hijo, va de casa en casa, ofreciendo sus servicios en reparaciones domésticas, limpieza de patios, de banquetas, de calles, lavado de automóviles o poda de árboles, para poder llevarles algo de comer a su esposa e hijos.

Después de haber tocado varias puertas sin éxito, detiene su marcha. Va a podar los árboles moros que se encuentran al frente de una vivienda. Pone a un lado la cubeta y los trapos que siempre lleva consigo, y toma el serrucho, las tijeras y escalera que necesita para la poda.

Cuidadosamente, con los dedos de su mano izquierda, comienza a medir el punto exacto donde debe podar. Toma el serrucho con su mano derecha y corta la primera rama innecesaria del árbol. Cuando cae la rama, Beto entrecierra sus ojos y se acerca al árbol. Comprueba que hizo bien el corte.

– ¿Daddy, aquí está bien la escalera?

-¡Sí, ahí está bien!, le responde Beto a Manuel, su hijo.

Y así, entre diálogos conmovedores padre-hijo, ladridos de perros, y propaganda callejera de platillos mexicanos, Beto realiza la poda como si toda la vida se hubiera dedicado a la jardinería.

Nunca se podarán ramas rescatables o en buen estado de salud, sólo se quitarán aquellas que estén enfermas o sean innecesarias y le estén impidiendo crecer al árbol.

Y cuando la poda se haga con fines decorativos, ésta se hará con mucho cuidado, dicen los expertos en jardinería.

Desde 1996, las autoridades migratorias de los Estados Unidos han venido realizando una poda social implacable, mediante la deportación de todos aquellos residentes legales de origen extranjero que han cometido delitos que van desde los más graves hasta pequeñas faltas como ser sorprendido realizando necesidades fisiológicas en la vía pública.

A través de la Ley de Responsabilidad de Inmigrantes y Reforma a la inmigración Ilegal –illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act of 1996- (IIRIRA, por su nombre y siglas en inglés), de 1996 a 2004, ya se habían deportado a sus países de origen a más de un 1.5 millones de residentes legales que tenían años viviendo en los Estados Unidos. 

La ley IIRIRA, al tiempo que ha expulsado a millones de personas de la Unión Americana para que no contribuyan a que los índices nacionales de delincuencia se eleven, ha cortado los lazos afectivos de un gran número de familias, ya que los hijos, esposa o esposo del deportado, muy pocas veces deciden irse de EU, pues cambiarían radicalmente su estilo de vida, así que prefieren quedarse, sacrificando así la unión familiar.

De los más de 40 millones de personas que nacieron fuera de los Estados Unidos y viven aquí (según datos oficiales de la Oficina del Censo de los EU), entre residentes y ciudadanos norteamericanos naturalizados, poco más de 12 millones son residentes legales, mismos que podrían ser alcanzados, en cualquier momento, por el brazo de la citada ley.

Después de vivir por más de 26 años como residente legal en los Estados Unidos, estar casado con una ciudadana norteamericana, tener hijos nacidos en este país, casa propia, un trabajo bien remunerado en una lechería y un historial de crédito satisfactorio, José Roberto Santillán Soto, fue deportado a México luego de haberse declarado culpable por un delito que no cometió por temor a perder a su familia.

En marzo de 2003, una llamada anónima falsa que reportó violencia doméstica en su casa, en Hagerman, Nuevo México, fue lo que dio inició al proceso de expulsión migratoria de Santillán Soto.

El recuerdo de aquel día en que acudió la policía a su hogar, sigue vivo como una herida que se niega a cicatrizar en la memoria de José Roberto, April Marie, su esposa, y sus hijos, quienes no están dispuestos a regresar a los Estados Unidos.

“Hubo una persona, que habló a la policía, que porque había un pleito doméstico y no era cierto”, asegura Santillán Soto.

April Marie relata que aquel día sus hijos ya estaban acostados, y que ella aún se encontraba despierta porque estaba lavando ropa, mientras que José Roberto estaba en su cuarto, descansando.

Tras avisarle a José Roberto que iba a salir afuera a vaciar la máquina secadora para poner más ropa a secar, en cuestión de segundos, al abrir la puerta, April Marie se sorprende al encontrarse de frente, con policías, agrega April Marie.

Los oficiales le preguntaron a April Marie si alguno de ellos, había llamado a la policía, reportando violencia doméstica, y cuando les informó que nadie había realizado dicho reporte, le pidieron su identificación.

Acto seguido, cuando April Marie va a buscar su identificación, sin orden de arresto ni consentimiento verbal, los policías entran a su casa, armados con rifles, y arrestan a Beto, acusándolo de delitos que no cometió.

Cuando era trasladado a las oficinas de la policía, a Beto, le decía uno de los oficiales, de origen anglosajón, que finalmente lo había atrapado, que lo iba a deportar, ya que no lo quería en el pueblo por ser mexicano.

Ya estando detenido, temiendo que algo malo le fuera ocurrir a su esposa e hijos, José Roberto Santillán, se declara culpable de los delitos de violencia doméstica, y venta de drogas a menores de edad.

Tres horas después de estar encerrado, sale libre, luego de que su esposa, deposita una fianza de 5 mil dólares, suma que logra reunir con muchos sacrificios al empeñar objetos de valor.

Para principios de noviembre de 2003,  cuando Santillán Soto se presenta por primera vez en la oficina de libertad condicional de Hagerman, Nuevo México, le informan que, por alguna razón, su expediente aún no está terminado, la segunda vez que acude al lugar, sucede lo mismo, y la tercera ocasión que llega ahí, ya lo están esperando elementos de la Patrulla Fronteriza, quienes lo llevan hasta su casa para que se despida de esposa e hijos, y luego lo trasladan hasta El Paso, Texas.

Con la boca llena de impotencia y desilusión, April Marie recuerda que aquel día que la Patrulla Fronteriza llevó a Beto a la casa para que se despidiera de ellos, sólo su hija más pequeña, Stacey, se encontraba en casa, ya que Jo Ann y Manuel, estaban en la escuela.

Agrega que no podía creer la injusticia por la que estaban pasando, que le dolía mucho esa separación por los niños, aunque aclara que siempre supo que volverían a estar juntos, por lo que se siente muy afortunada.

“Oh, sí, me siento muy afortunada, no hay muchos casos de mexicanos deportados cuyas esposas o esposos los sigan, ya que los que se quedan en EU, continúan su vida como si nada hubiera ocurrido, tengo a mis hijos, tengo a mi esposo, y estamos felices, desde luego que es muy difícil la vida en México, sufrimos económicamente, pero estamos juntos, y eso es todo lo que me importa, no me interesa que tan crítica se torne la situación”, no lo voy a dejar, no lo voy a dejar”, afirma April Marie entre sollozos.

A 10 años de que entrara en vigor la ley IIRIRA, no existen estadísticas precisas sobre el tipo de delitos que cometen con mayor y menor frecuencia los residentes legales que han sido deportados de los Estados Unidos, ya que las autoridades clasifican a todos los expulsados como “delincuentes extranjeros”, provocando esto un vacío de información tanto en la ciudadanía como en aquellos legisladores que están considerando llevar a cabo reformas al sistema migratorio estadounidense.

De acuerdo con IIRIRA, aquellos residentes legales que cometieron algún delito que los condujo a recibir sentencias de un año o más en prisión, luego de purgar sus condenas, son expulsados del país, sin tener derecho a solicitar audiencia ante un juez migratorio.

Lo anterior ha sido observado por algunos estados del país, como una luz amarilla, y no como una luz verde para aplicar sentencias de un año o más, a residentes legales, por lo que algunos jueces estatales dan condenas de 11 meses y 29 días, con la finalidad de que estas personas no sean expulsadas de los Estados Unidos.

Por ejemplo, con una votación de 7-2, la Suprema Corte de Georgia, concluyó que las condenas de un año o más, pueden ser reducidas por los jueces a 11 meses y 29 días, para alejar así al fantasma de la deportación de las vidas de los residentes legales.

IIRIRA no tan sólo ha cambiado la vida de decenas de miles de personas que tuvieron que renunciar a casas, negocios, familias, sino también el rostro de las comunidades estadounidenses: la ley está rasgando su piel, como nunca antes.

José Roberto, April Marie, Jo Ann, Manuel y Stacey, siguen juntos, son una familia, con la carga de la deportación y auto-aislamiento por preservar los lazos afectivos, que lucha por vivir día a día en otro país.        

¿Siente que perdió el Sueño Americano?

En realidad ya no me importa, después de que a él (Beto) lo trataron como un animal que tenían que sacar de las calles, no quiero regresar a los Estados Unidos, responde April Marie.


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